MÉXICO,
D.F. (apro).- Un despacho de cabildeo que asesoró al presidente
golpista de Honduras, Roberto Micheletti, y un buffette de abogados
especializados en defender a altos mandos de la Marina de Estados Unidos
y con importantes contactos en el Pentágono, son las dos nuevas
“adquisiciones” del equipo de Enrique Peña Nieto para defenderse en los
medios y ante el tribunal de California por el escándalo detonado por el
empresario José Aquino, y los tentáculos que representa su demanda en
el caso “Monexgate”.
Por sugerencia de Diego Gómez Pickering, un
colaborador de Luis Videgaray, cerebro del equipo de Peña Nieto, los
peñistas contrataron, por un monto aún no aclarado, a la firma Chlopak,
Leonard, Schechter and Associates (CSLA) para contrarrestar en los
medios estadunidenses las versiones sobre la compra de voto, el presunto
fraude y el presunto lavado de dinero a través del Monexgate.
Los
peñistas estaban desesperados desde hace 15 días. La demanda presentada
por José Aquino y la cobertura crítica de la prensa internacional al
triunfo de Peña Nieto el 1 de julio, les generó la urgencia de contratar
a CSLA, especializada en “asesoría en comunicación y asistencia al
equipo de transición” de Peña Nieto, según el Acta de Registro de
Agentes Extranjeros (FARA, por sus siglas en inglés).
Casualmente,
CSLA también cabildea a favor del expresidente mexicano Ernesto
Zedillo, también priista, demandado en un tribunal federal de Estados
Unidos por presunta responsabilidad en crímenes de lesa humanidad a raíz
de la matanza de Acteal Chiapas, en diciembre de 1997. La versión, nada
secreta, entre las filas del PRI es que esa demanda contra Zedillo fue
impulsada por su archienemigo interno en la tecnocracia gobernante:
Carlos Salinas de Gortari.
De esta manera, el peñismo parece
enredarse contratando también a una empresa de cabildeo que seguramente
hará mucho negocio con los pleitos internos en el bloque que llevó a
Peña Nieto al poder.
CSLA también cabildeó a favor del
expresidente colombiano Álvaro Uribe, cuyo exjefe de la Policía
Nacional, el general Oscar Naranjo, es el asesor estelar de Peña Nieto
para temas de seguridad. Y su otro cliente es Roberto Micheletti, quien
asumió el poder en Honduras tras el golpe de Estado contra Manuel
Zelaya.
En el reino del pragmatismo y del contraataque, los
peñistas también acudieron a un poderoso despacho de abogados para
defender a Erwin Lino, secretario privado de Peña Nieto; a David López,
su jefe de Comunicación Social, y a Roberto Calleja, vocero del PRI,
mencionados entre otros personajes en la demanda interpuesta por José
Aquino desde el 7 de junio en California.
El abogado de este
despacho es Christopher L. Ludmer, formado en la Armada de Estados
Unidos, donde llegó a tener grado de teniente. Fue asistente del abogado
de la USA Navy, y ejerció en Pennsylvania y Georgia, antes de litigar
en San Diego.
En su página oficial el despacho presume:
“Tenemos
una amplia experiencia en derecho militar…y un historial probado de
éxito que representan los oficiales al mando, los médicos, jefes,
suboficiales y sargentos de artillería.”
¿Qué tendría que ver un despacho especializado en asuntos militares en un tema relacionado con una demanda por presunto fraude?
Por
lo pronto, Ludmer logró un primer objetivo: la renuncia del
representante legal de Aquino, Maxwell C. Agha, según un boletín oficial
del PRI enviado desde la tarde del domingo 30 de julio.
Curioso
asunto: los voceros del PRI han negado reiteradamente que la demanda de
Aquino tenga que ver con el partido, pero boletinan la renuncia de Agha
como si fuera un logro partidista.
La carta que Ludmer le envía a
su colega Agha para que desista de la defensa de José Aquino es una joya
del litigio mediático. Ludmer le advierte que han revisado “a fondo” la
demanda presentada a nombre de Frontera Television Network. Y que esta
empresa es controlada “por un individuo que se hacía llamar José Luis
Ponce de Aquino. El señor Aquino al parecer tiene varios alias”. Y
enumeran los diferentes alias que ha utilizado.
Luego enlista una
serie de irregularidades en la demanda para concluir que el litigio de
Aquino “ha sido presentado para hostigar” al PRI y a Enrique Peña Nieto.
Incluso, Ludmer argumenta en su alegato que las declaraciones de Aquino
“en los medios de comunicación opositores al nuevo presidente (sic)”
demuestran que “esta demanda fue presentada con el objeto de acoso y
para crear publicidad negativa en el contexto de una acalorada y
controvertida campaña. Es indignante tratar de utilizar los tribunales
de Estados Unidos para ganar puntos políticos”.
Ese es el punto de
vista de Ludmer, el abogado defensor de Erwin Lino, David López y
Roberto Calleja. Tiene todo el derecho de argumentar como quiera. Lo
preocupante es que, en el contexto de un claro endurecimiento del PRI y
de los peñistas frente a los medios críticos y a movimientos sociales
como #YoSoy132, utilicen ahora también la demanda de Aquino para enviar
un claro mensaje a México.